Brasil, la madre de todas las batallas

Foto: Segundo Enfoque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por R.B.

“Com fascismo näo se brinca” fue el eslogan escogido por los organizadores de una movilización unitaria de la izquierda brasileña hace una semana en Curitiba. La convocatoria se produjo inmediatamente después de los cuatro balazos que recibiera la caravana de Lula en su recorrido por el sur de Brasil. Además de Lula, tomaron parte del acto los candidatos a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos, y por el Partido Comunista do Brasil, Manuela Davila. El atentado sufrido por la comitiva del ex presidente (justificado nada menos que por el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin) es un pico más en la escalada de violencia que golpea a ese país y que es consecuencia directa del brutal giro a la derecha que la política brasileña experimenta, sobre todo desde la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia.

A estas alturas sería muy necio negar que existe un estrecho vínculo entre la persecución judicial contra Lula, la militarización de Río de Janeiro, el asesinato de la concejala Marielle Franco en esa ciudad y el ataque a tiros contra la caravana del PT. Aunque los gobiernos del PT no fueron ni remotamente “revolucionarios” -en el sentido de afectar las estructuras de la sociedad capitalista- el proceso iniciado con la remoción de Dilma solo puede calificarse de “restauración”. Se trata de un impulso político que busca deliberadamente revertir punto por punto las reformas -sí, las reformas- llevadas adelante por el PT. Es que, como bien lo dijo Rosa Luxemburgo, Reforma y Revolución son solo dos momentos de un mismo movimiento. No son términos excluyentes o antagónicos, sino complementarios. Si millones de personas salen de la pobreza y miles de negros llegan a la universidad mediante las reformas del PT, ¿qué no serían capaces de reclamar el día de mañana? ¿No llegaría un punto en que el reclamo de millones de excluidos pusiera en cuestión el propio modo de producción? Es una pregunta a la que no quieren llegar ni la derecha brasileña, ni la claque corrompida enquistada en la bisagra entre el ámbito público y la empresa privada, ni, desde luego, la alta burguesía y sus grandes medios de comunicación. Con este aborto sí que están de acuerdo: hay que matar a ese monstruo (reformista y algo más) cuando aún es un embrión y si en ese camino se debe sacrificar la democracia, pues qué pena. “No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”, diría Bertold Brecht. “Suelten a los perros”, agregaría el señor Burns.

Sería un error afirmar que este giro a la derecha carece por completo de respaldo en la población. Si bien, según todas las encuestas, Lula ganaría las elecciones incluso sin necesidad de balotaje y los sondeos muestran que el gobierno de Temer tiene el nivel de aprobación más bajo desde que se hacen esta clase de mediciones (no supera el 10%), también es verdad que esas mismas consultas revelan un altísimo acuerdo con la intervención militar en Río de Janeiro. El gobierno de Temer y sus peligrosas medidas se apoyan sí en el desencanto y la desmovilización de una importante porción de la sociedad brasileña que vio con repugnancia cómo la corrupción también alcanzaba a los mejores (“Corruptio optimi pessima”, la corrupción de los mejores es la peor, en palabras de Santo Tomás de Aquino) o, como mínimo, era tolerada y no combatida frontalmente. En contrapartida, empieza a movilizarse una clase media muy reaccionaria. La misma que pide el regreso de la dictadura, la pena de muerte, que apedrea a los miembros de la caravana de Lula en hoteles y restaurantes, la que inunda las redes sociales con mensajes resentidos y violentos, la que tiene a su portavoz más sobresaliente en el candidato Jair Bolsonaro. Sería un error subestimar a este sector y sus actos. En el pasado se pagó muy caro esa indiferencia.

Otro punto de apoyo de este giro a la derecha son, cuando no, los grandes medios de comunicación. Tanto es el poder que tienen en Brasil -especialmente la Red O Globo- que hace 27 años, en el congreso de 1991, el PT le dedicaba ya un día entero de debate a la influencia determinante que ejercían en la vida política brasileña. Décadas pasaron sin que las cosas cambien demasiado. En la última semana, poco faltó para que la Globo saliera a decir que el atentado a la caravana de Lula fue armado por el propio PT. Ahora, en una semana clave para el expresidente en el Supremo Tribunal Federal, se difunde una serie televisiva (El Mecanismo, Netflix) que narra la corrupción de los últimos años en Brasil pero que está repleta de inexactitudes y mentiras. Ya sea para simplificar la trama o buscando efectos dramáticos, la serie hace una mezcla arbitraria de tiempos, hechos y personas que acaba perjudicando, claro está, al PT y a Lula. Es como si en Paraguay pusiéramos a Dionisio Borda como ministro de Cartes y a éste como aliado político de Lino Oviedo, que todavía no murió, y a Mario Ferreiro como candidato del Frente Guasu y a Marito como demócrata a carta cabal, etc. Termina, además, postulando una solución por fuera de la política… algo que huele sospechosamente a fascismo. Ver https://bit.ly/2GH23X8

Dos puntos de apoyo más para este brutal giro a la derecha. En primer lugar, lo que Cristina Kirchner llamó “el partido judicial”. Para quien quiera tomarse el trabajo de observar con detenimiento el proceso judicial seguido a Lula da Silva -y no simplemente aceptar lo que dicen o “informan” los medios- será rápidamente obvio que aquello es un montaje descarado con la finalidad ni siquiera de llevarlo a prisión (lo cual sería, desde el punto de vista de sus impulsores, un plus) sino de sacarlo de la carrera electoral. Existen muchas más pruebas de corrupción contra Michel Temer y Eduardo Cunha -y en montos sideralmente mayores a los hipotéticos de Lula-, pero contra éstos muy poco se ha avanzado, ya sea porque están blindados por el Congreso o porque las investigaciones se encuentran estancadas. El partido judicial lo conforma una considerable cantidad de fiscales, jueces, procuradores, camaristas y hasta funcionarios de medio pelo que tienen vínculos con sectores políticos y empresariales. Aplican una visión sesgada -con frecuencia ideológica- de las leyes, ignorando o pisoteando otros preceptos legales o constitucionales. Se trata de un ámbito al cual no llegaron las reformas porque, de acuerdo con el ordenamiento jurídico institucional vigente, está al margen de la participación ciudadana (cuya única vía es el voto periódico, dicho sea de paso). Por esta razón, son bolsones conservadores, impermeables a los cambios en la sociedad y en la correlación de fuerzas políticas.

Por último, no se puede descartar que exista una “pata militar” en el proceso de restauración y de reversión de las reformas. Para muestra un botón, Washington Lee Abe, comandante de la Policía Militar de Paraná, ganó notoriedad por dos razones: cuestionó en una carta abierta a quienes querían convertir en mártir a la concejala asesinada en Río de Janeiro y fue además quien le negó la escolta policial a la caravana de Lula. Fue Temer también quien volvió a nombrar a un militar en el cargo de ministro de Defensa, después de 20 años. Y, finalmente, Jair Bolsonaro, el hombre que encarna el discurso más claramente fascista de la política brasileña fue militar de carrera durante la última dictadura. Por otra parte, varios analistas y políticos brasileños creen que la intervención militar de Río de Janeiro es una suerte de “prueba de laboratorio”, una forma de estudiar y medir la reacción de los ciudadanos y de las fuerzas políticas a una “solución militar” a mayor escala.

Hablando de laboratorios…

Buena parte de la suerte de la democracia a nivel de todo el continente se juega en la batalla brasileña. Si el gigante regional ingresa en una deriva autoritaria es muy difícil aspirar a un camino distinto en el resto de Sudamérica. El doble papel de ancla y timón le corresponde a Brasil por peso específico. Sin embargo, fue en otra cocina donde se empezó a cocinar este amargo potaje. Si hubiera que establecer el punto más alto de lo que se conoce como “marea rosada” -gobiernos progresistas o de izquierda en Sudamérica- quizás sería la victoria de Fernando Lugo en Paraguay en abril del 2008. “Ya tenemos a un obrero, a un indio y ahora se suma un cura rojo”, palabras más palabras menos había dicho Hugo Chávez en la ocasión. Paraguay -”hígado equinoccial”, lo llamó Pablo Neruda-, ese bastión conservador, carcomido hasta los huesos por una oligarquía miserable, que vivió una de las dictaduras más largas del mundo, el último país americano en reconocer el voto femenino, una sociedad recluida sobre sí misma, inerme ante la corrupción, la venalidad, la ignorancia; Paraguay había dado un paso gigante, una sacudida de siglos, para permitirse un gobierno -timorato, torpe, sin audacia- que le ofreciera al menos una perspectiva diferente. Y dentro de este gobierno, si hubiera a su vez que buscar el punto más alto quizás habría que situarlo en la triplicación de los ingresos por la energía cedida al Brasil. El país pasó de recibir 120 millones de dólares anuales a percibir 360 millones. En esta conquista se encuentra en considerable medida el fundamento del buen momento económico del que se jacta el actual gobierno. La negociación fue hecha por Lugo y Lula, cuyo país no estaba obligado a ninguna revisión de los acuerdos binacionales hasta el 2023. Pero eran otros vientos los que soplaban… hasta que se produjo el hecho que podría marcar simbólicamente el principio del fin de la “marea rosada”: la masacre de Curuguaty y la destitución sumarísima de Fernando Lugo de la Presidencia. Después vendrían la muerte de Chávez y Venezuela arrojada a una crisis sin fin; el rápido debilitamiento del kirchnerismo; la regresión uruguaya con la candidatura de Tabaré Vázquez; el aislamiento de Evo Morales en Bolivia; la interrupción del proceso en Ecuador; la victoria de la derecha en Chile y, finalmente, la remoción de Dilma Rousseff y la persecución judicial a Lula.

Esta semana, el Supremo Tribunal Federal de Brasil tomará una decisión que dejará a Lula dentro o fuera de la carrera electoral. Por el bien de la democracia brasileña y latinoamericana es de esperar que ratifique la libertad del político de mayor prestigio y respaldo a pocos meses de una crucial elección.

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